Las novedades sobre el estúpido conflicto de egos entre el juez brasileño Alexandre de Moraes y Elon Musk, con el cambio de proveedor de red llevado a cabo por X para pasar a utilizar Cloudflare, que ha hecho que X vuelva a estar temporalmente disponible para los ciudadanos del país, deberían servirnos para reflexionar no tanto sobre este caso concreto, sino sobre la conveniencia de mantener la posibilidad de que un gobierno o un juez deban tener autoridad para bloquear el acceso a una página web.
La compañía afirma que la restauración del servicio derivada de este cambio ha sido involuntaria, pero a nadie se le escapa el desafío que una acción como esta supone para la autoridad del juez, y la evidente intención de generalizar el conflicto involucrando a un actor como Cloudflare, que provee servicios a casi el 20% de la red, y que ya en 2017 afirmó que eso de «me levanté de mala leche y decidí que la presencia de alguien no debería estar permitida en Internet» era un poder que «nadie debería tener». En este caso concreto, lo normal será que la judicatura brasileña pida a Cloudflare que coopere para hacer efectivo el bloqueo a X y que la compañía lo haga, dado que la posibilidad que esa judicatura tendría, en caso de encontrarse con una actitud no cooperativa, de terminar bloqueando Cloudflare sería una auténtica barbaridad que redundaría en un enorme daño para muchísimas compañías del país.
Me explico: no pretendo discutir las leyes de un país ni su soberanía. Pero la cuestión de si un país o un juez deben tener derecho a ordenar el bloqueo del acceso a determinados servicios en internet es sumamente compleja, y depende de varios factores relacionados con la libertad de expresión, la seguridad nacional, la privacidad, los derechos humanos, y el estado de derecho que bien pueden admitir una reflexión informada al respecto.
¿Existen argumentos a favor del derecho a bloquear servicios en internet? Sin duda, y no se le escapan a nadie: el supuesto control de desinformación y discurso de odio, como es el caso de lo que actualmente ocurre en Brasil, supone que en algunos contextos, especialmente durante crisis o elecciones, un gobierno puede argumentar que es necesario bloquear ciertos servicios que promuevan desinformación o inciten al odio, con el fin de proteger la estabilidad social y política.
La protección de la seguridad nacional y pública, por ejemplo, cuando un servicio en la red está siendo utilizado para actividades ilegales como terrorismo, tráfico de drogas, pornografía infantil o cibercrimen en general, podría supuestamente demandar que un gobierno o juez considerase el bloqueo como una medida necesaria para proteger a la sociedad y garantizar la seguridad.
Podría ocurrir también en el caso de la protección de derechos fundamentales: en algunos casos, el contenido en la red puede hipotéticamente violar los derechos de algunas personas, como el derecho a la privacidad, a la protección de la infancia o a la protección contra la difamación, momento en que un juez podría ordenar ese bloqueo para tratar de defender estos derechos.
Otro caso, con el que tenemos desgraciadamente demasiada familiaridad, es el de la supuesta protección de la economía y la propiedad intelectual: cuando el bloqueo se lleva a cabo sobre plataformas que facilitan las descargas irregulares al margen de los esquemas de propiedad intelectual, lo que históricamente ha redundado en bloqueos para proteger industrias como la cinematográfica, la musical o la de software.
Dicho esto… balancear derechos siempre ha sido una cuestión muy compleja, y el bloqueo de servicios en la red es sin ninguna duda una forma de censura, que afecta el derecho fundamental a la libertad de expresión. En regímenes autoritarios por todos conocidos, incluido el creador de la mayor herramienta de censura jamás desarrollada por el ser humano, esta herramienta a menudo se usa para suprimir el disenso político y restringir el acceso a información crítica del gobierno. Proporcionar a un país o a un juez el poder de bloquear servicios en la red es evidente que puede generar abusos: es perfectamente posible que gobiernos o jueces utilicen esta autoridad para reprimir opiniones críticas, para proteger a un incumbente o para eliminar el acceso a plataformas que cuestionen su autoridad. Todos sabemos qué tipo de países son los que suelen recurrir de manera más alegre al bloqueo de servicios en la red.
Además, los bloqueos de ese tipo tienen invariablemente consecuencias económicas negativas, especialmente para startups o pequeñas empresas que a menudo dependen de internet para sus operaciones, y que pueden verse afectadas de manera colateral por esos bloqueos. Además, pueden limitar el acceso de los ciudadanos a tecnologías y plataformas susceptibles de mejorar su calidad de vida o productividad.
Pero sobre todo, y el que es para mí el principal argumento a tener en cuenta: esos bloqueos, en la inmensa mayoría de los casos, tienen una eficacia muy limitada, ya que los usuarios pueden utilizar redes privadas virtuales (VPN) o proxies para evadir las restricciones, y pretender que esas herramientas no puedan ser utilizadas o proponer multas para disuadir de su uso es a todas luces un comportamiento exagerado y liberticida. Como es bien sabido, la red interpreta la censura como un daño, y ofrece siempre rutas alternativas para evitarla. Esto, además, es profundamente asimétrico: son precisamente los ciudadanos con un mayor incentivo a saltarse estos bloqueos y con acceso a mejores medios los que más fácil acceso tienen a las posibilidades de saltarse las medidas, lo que redunda en que los que realmente sufren el impacto de esas medidas son personas que no estaban incurriendo en ningún comportamiento que mereciese ser, de alguna manera, restringido.
Esto plantea la cuestión fundamental de si ese tipo de medidas son útiles, o únicamente contribuyen a generar inconvenientes temporales. En la práctica, el bloqueo de ciertos servicios de internet debería producirse únicamente en casos muy excepcionales, siempre que exista un marco legal claro que limite esa facultad y que se garantice el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, cosa que en muy pocas veces ocurre. Sería necesario plantear que esas medidas fuesen equilibradas, transparentes y sujetas a supervisión, con el fin de evitar el abuso de poder y la censura indiscriminada. De hecho,
Y sobre todo, que se recurra a ello únicamente cuando no existan otras formas, como la cooperación internacional, para detener los posibles problemas sin necesidad de recurrir a una medida como el bloqueo de internet, sujeta a los problemas y limitaciones ya mencionados. Si un país con un régimen legal razonablemente justo se ve perjudicado por un servicio a través de la red radicado en otro país, debería tener formas de arbitrar con la justicia de ese otro país que ese perjuicio pudiese ser legalmente limitado, contribuyendo así a lo que sería un sistema legal razonable para la era internet: uno que no tenga restricciones basadas en unas fronteras que la red ha convertido, en cada vez más ocasiones, en obsoletas.
Sin ánimo de parecer ultraliberal o de cuestionar el poder de la justicia de cada país, creo que este tema de los bloqueos de internet, cada vez utilizado aparentemente de manera más alegre y arbitraria, y a menudo sometido, como en el caso de Brasil, al criterio de una sola persona, necesita de una reflexión cada vez más urgente.
Dejar una contestacion