La Comisión Europea ha dado hasta el próximo 15 de noviembre a YouTube, Snapchat y TikTok para que aclaren las medidas que están tomando para cumplir con las nuevas reglas de la Unión Europea sobre servicios digitales y demostrar siguen la obligación de reducir los riesgos para la salud mental de los usuarios que puedan plantear sus sistemas de recomendación, de los que Bruselas investiga también su impacto en procesos electorales y pluralismo de los medios.Así, los servicios digitales piden información detalladas sobre los parámetros utilizados por estas plataformas en sus algoritmos para recomendar contenidos a los usuarios, así como su papel en la amplificación de ciertos riesgos sistémicos, incluidos los relacionados con el proceso electoral y el discurso cívico, el bienestar mental de los usuarios, por ejemplo en lo que a conductas adictivas se refiere, y la protección de los menores.Noticia Relacionada estandar No Europa acusa a X de «engañar» a los usuarios con su marca azul de verificación Rodrigo Alonso La Comisión considera que la red social conocida antes como Twitter está incumpliendo la Ley de Servicios Digitales, por lo que podría ser multada hasta con el 6% de su facturación anual globalSegún ha indicado el Ejecutivo comunitario en un comunicado, las preguntas remitidas a las compañías también apuntan a las medidas que hayan tomado para mitigar la influencia potencial de sus sistemas de recomendación en la difusión de contenidos ilegales, como la promoción de drogas ilegales y el discurso de odio.Hasta el 15 de noviembre En el caso de TikTok, la Comisión espera también información sobre las medidas que haya puesto en marcha para evitar la manipulación de su servicio de recomendación por parte de terceros y reducir los riesgos relacionados con procesos electorales o el pluralismo de los medios que puedan verse amplificados por estos sistemas.Las tres plataformas tienen de plazo hasta el próximo 15 de noviembre para responder a sus preguntas y a partid de ahí Bruselas iniciará una evaluación en detalle para decidir sobre los pasos a seguir, incluida la posibilidad de abrir un procedimiento formal de infracción en el marco de la Ley de Servicios Digitales.
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