El lenguaje jurídico y administrativo puede ser un galimatías que limita el acceso a recursos y los derechos de los ciudadanos. Ya un estudio sobre 10 millones de palabras utilizadas en contextos legales concluyó que los escritos de estos ámbitos contienen “proporciones sorprendentemente altas de ciertas características [lingüísticas] difíciles de procesar” y que su uso y abuso dificulta su entendimiento. En la provincia argentina de Corrientes, la diputada María Eugenia Mancini ha presentado un proyecto de ley para “obligar al uso de un lenguaje claro y preciso en todos los actos del sector público”. En España, el Gobierno andaluz ha optado por otra solución: en vez de imponer que las comunicaciones sean comprensibles en su origen, ha destinado 322.765 euros a “la contratación de servicios para la realización de un sistema de conversor de documentos a lenguaje claro”, según ha comunicado. En lenguaje claro: ha encargado el desarrollo de un traductor automático de sus propios textos, algo que las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) más comunes ya hacen.
Dejar una contestacion