La Gobernadora del Estado de Nueva York, Kathy Hochul, ha firmado la aprobación de un nuevo paquete legislativo exigiendo a las compañías petroleras que aporten miles de millones de dólares para crear un Climate Superfund, un fondo que se dedicará a cubrir las eventualidades que puedan surgir de la emergencia climática que han contribuido a generar a lo largo de los años.
La ley permitirá recaudar setenta y cinco mil millones de dólares en veinticinco años de las principales compañías petroleras, exigiéndoles que paguen por el daño causado por unos fenómenos climáticos cada vez más severos y que son, científicamente y sin ningún género de dudas, responsabilidad suya.
La ley considera, de manera más que razonable, que el desarrollo de la ciencia de la atribución climática a lo largo de los últimos años permite llevar a cabo rigurosos estudios de relaciones causa-efecto entre el cambio climático y los fenómenos extremos, y utilizarlos para estimar las correspondientes responsabilidades.
A partir de ahí, estados como Vermont, primero, y ahora Nueva York han decidido aplicar esos estudios para exigir a las compañías petroleras que aporten fondos para financiar los problemas derivados de los fenómenos climáticos extremos y la preparación para los mismos, desde la restauración de humedales costeros para la proteccion del litoral hasta la instalación de sistemas de refrigeración energéticamente eficientes en edificios (incluidas escuelas y viviendas nuevas) para evitar más emisiones, o mejoras en el drenaje de aguas pluviales. Los estados de Maryland, Massachusetts y California también están considerando leyes de este tipo para gestionar los crecientes costes de infraestructura resultantes de los desastres climáticos.
La ley calcula que la preparación y las reparaciones para los fenómenos climáticos extremos causados por el cambio climático costarán más de quinientos millones de dólares en todo el estado en el año 2050, lo que se corresponde a más de $65,000 por hogar, unidos a las problemas, lesiones y muertes que la crisis climática está causando. La ley pretende proporcionar miles de millones de dólares cada año para aliviar la carga de los ciudadanos del estado.
Además, la ley normaliza las emisiones vinculadas al combustible producido por las empresas: por cada millón de libras (unos 450,000 kilogramos de carbón), el programa asigna más de 942 toneladas métricas de dióxido de carbono, y por cada millón de barriles de petróleo crudo, se considera que una entidad ha producido 432,180 toneladas métricas de dióxido de carbono. A partir de ahi, se establece un baremo del que resultan las contribuciones de las compañías. La mayor petrolera del mundo, Saudi Aramco, tendrá que pagar 640 millones de dólares al año por haber emitido 31,269 millones de toneladas de gases de efecto invernadero entre los años 2000 y 2020.
El American Petroleum Institute, que representa a unos seiscientos miembros de la industria, ha reaccionado, como no podía ser de otra manera, condenando la ley y afirmando que este tipo de legislación no representa nada más que una nueva tasa punitiva a la energía estadounidense, mientras dicen estar evaluando sus opciones legales al respecto. Este tipo de leyes, que probablemente se extiendan de manera rápida entre otros estados y al resto del mundo, y sirvan para disuadir a quienes invierten en la destrucción del planeta porque anticiparán unas enormes pérdidas, es muy posible que generen litigios por parte de las empresas de combustibles fósiles, cuyos resultados determinarán si, en efecto, prevalece el principio de «el que contamina, paga», y comenzamos a aplicar la lógica que nos conducirá al ocaso definitivo de los combustibles fósiles y al ocaso de la era, el Piroceno, en la que el ser humano se dedicó a quemar incesantemente cosas para obtener energía. Habrá que estar atentos a lo que dicen los jueces al respecto.
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