El juicio antimonopolio que enfrenta Meta por la adquisición de Instagram y WhatsApp no es solo un caso legal: es una prueba de fuego para la integridad del sistema judicial estadounidense y la credibilidad de su política tecnológica.
La Comisión Federal de Comercio (FTC) acusa a Meta de haber construido un monopolio ilegal al comprar estas plataformas para neutralizar a la competencia, una estrategia que, según la agencia, ha sofocado la innovación y perjudicado a los consumidores.
La evidencia es brutalmente contundente. En 2012, Facebook adquirió Instagram por mil millones de dólares, y en 2014, compró WhatsApp por 19 mil millones. Ambas adquisiciones fueron aprobadas en su momento, pero ahora están bajo escrutinio por haber eliminado competidores emergentes que, obviamente, podrían haber desafiado el dominio de Facebook en las redes sociales. Los documentos internos de Meta revelan una estrategia deliberada de «comprar o enterrar» a la competencia. De hecho, en un correo electrónico de 2008, Mark Zuckerberg escribió «es mejor comprar que competir», una frase que encapsula claramente la filosofía empresarial de la compañía.
La pretensión de Meta, tomando a la justicia por completamente idiota, es que el mercado de las redes sociales es «altamente competitivo«, citando la existencia de plataformas como TikTok y YouTube. Sin embargo, la FTC sostiene que estas plataformas no son sustitutos directos de Facebook e Instagram, ya que no ofrecen las mismas funciones de comunicación personal. La defensa de Meta también ha recurrido a tácticas visuales y humorísticas en el tribunal, utilizando animaciones y gráficos para argumentar que sus servicios no constituyen un monopolio. Sin embargo, estas estrategias no abordan el núcleo evidente de la acusación: la eliminación sistemática de la competencia a través de adquisiciones estratégicas o de la copia reiterada de sus funcionalidades.
La situación se complica aún más en el contexto político actual. El presidente Donald Trump ha mostrado una tendencia a intervenir en agencias independientes como la FTC, reemplazando a comisionados demócratas por republicanos y ejerciendo presión para resolver casos que afectan a empresas aliadas. Bajo el mandato de Donald Trump, el crimen de cuello blanco es completamente irrelevante si eres amigo suyo.
Ante este panorama, la posibilidad de que el juicio llegue a resultar en algún tipo de desinversión de Meta en Instagram y WhatsApp parece cada vez más remota. La influencia política y el poder económico de Meta podrían socavar los esfuerzos regulatorios, y perpetuar un sistema donde las grandes corporaciones operan sin rendir cuentas a nadie.
El caso de Meta es un ejemplo de libro – y de hecho, e el que utilizo en clase – de cómo las grandes empresas tecnológicas pueden utilizar su poder y su información privilegiada, la que obtienen espiando los hábitos de sus usuarios, para eliminar la competencia y consolidar su dominio en el mercado. Si el sistema judicial no actúa con firmeza, corre el riesgo de convertirse en cómplice de prácticas empresariales que perjudican a los consumidores y a la innovación. En otros países, como el Reino Unido, la justicia ya ha intervenido para detener operaciones de adquisición de la compañía, como ocurrió en el caso de Giphy. Pero claro, probablemente es que los jueces británicos ven monopolios donde no los hay…
Las autoridades deberían tomar medidas decisivas para restaurar la competencia en el mercado de las redes sociales, y garantizar que ninguna empresa esté por encima de la ley. La integridad del sistema judicial y la confianza del público en las instituciones dependen de ello. Pero en los tiempos de Donald Trump, eso parece prácticamente imposible.
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