En el panorama tecnológico actual, Google enfrenta una tormenta perfecta: por un lado, la creciente competencia de chatbots como ChatGPT, Perplexity y otros, que están logrando redefinir la forma en que los usuarios buscan información; y por otro, un juicio antimonopolio en Estados Unidos que expone las prácticas empresariales más que cuestionables de la compañía.
El ascenso de los chatbots y la amenaza al monopolio de búsqueda es evidente. Desde el lanzamiento de ChatGPT por OpenAI, la forma en que los usuarios interactúan con la información ha cambiado drásticamente, hasta el punto de que Gartner prevé que en 2026, este tipo de herramientas resten un 25% del tráfico a los motores de búsqueda tradicionales. Los chatbots ofrecen respuestas directas y contextuales, reduciendo la necesidad de navegar por múltiples enlaces, como es habitual en las búsquedas tradicionales de Google. Aunque Google ha respondido con su propio chatbot, Gemini, este aún no alcanza la popularidad de ChatGPT. Según datos que Google se ha visto forzada a presentar en el juicio antimonopolio, Gemini cuenta con 35 millones de usuarios activos diarios, frente a los 160 millones de ChatGPT.
Las prácticas anticompetitivas de Google están bajo el microscopio, y están revelando todo tipo de acciones que resultan obviamente punibles. El Departamento de Justicia norteamericano ha acusado a Google de mantener su dominio en el mercado de búsquedas mediante acuerdos exclusivos con fabricantes de dispositivos y operadores móviles, que impiden que competidores como Perplexity puedan establecerse como opciones predeterminadas en dispositivos, incluso cuando los fabricantes estarían en principio dispuestos a hacerlo. Dmitry Shevelenko, director de negocios de Perplexity, testificó que estos contratos actúan como una «pistola en la cabeza» para las empresas, que temen perder los ingresos compartidos con Google si optan por alternativas.
La respuesta de Google ante las acusaciones ha sido una propuesta de restricciones voluntarias temporales, como el no obligar a sus socios a preinstalar Gemini en sus dispositivos durante tres años. Estas medidas, que dejan muy clara la visión de Google sobre la equidad en la innovación y las acciones anticompetitivas, han sido lógicamente criticadas por ser insuficientes y temporales. El Departamento de Justicia busca soluciones más duraderas, incluyendo la posible desinversión en el navegador Chrome y la prohibición de acuerdos exclusivos destinados a limitar la competencia.
Google, que hace años fue símbolo de innovación y apertura, ahora enfrenta las consecuencias de unas prácticas que han limitado la competencia y la elección del consumidor. La combinación de la presión legal y la competencia tecnológica podría marcar el inicio de una era más equitativa en el acceso a la información y la innovación.
Es esencial que las grandes empresas tecnológicas comprendan que, como decía el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La equidad en el acceso y la competencia no solo benefician a las empresas emergentes, sino que también enriquecen el ecosistema tecnológico en su conjunto. Y Google, con sus acciones, ha limitado claramente esa competencia de manera abusiva, algo por lo que debe pagar. Que además eso coincida con un momento competitivo en el que ve su principal producto erosionado, por mucho que la compañía afirme que esa erosión tiene lugar únicamente en las búsquedas menos interesantes comercialmente – a Google parece que últimamente solo le importas si buscas algo que comprar, qué triste – va a extenderse, con el tiempo, a todo el resto de categorías. Y en la competencia que va a generar esa extensión, lo último que deberíamos permitir es que Google, con acuerdos exclusivos, volviese a distorsionar las posibilidades de llegar al público con sus productos de otros competidores. Una, y no más.
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