La dependencia tecnológica de la UE se desnudó, entre otros muchos ámbitos, a raíz de la pandemia. Solo en las factorías de automóviles alemanas, la escasez de microchips provocó el desplome de su producción hasta niveles de hace medio siglo. La Comisión reaccionó con la Ley Europea de Chips, un instrumento estratégico para invertir 86.000 millones de euros en fabricar en el continente los procesadores presentes en todos los dispositivos electrónicos. El Tribunal de Cuentas comunitario ha evaluado esta medida tres años después de su aprobación y su conclusión no es muy halagüeña: “Es muy improbable que la UE alcance su objetivo de lograr una cuota del 20% del mercado mundial de microchips para 2030”.
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